El exfuncionario judicial fue acusado del delito de enriquecimiento ilícito, en calidad de autor. Mientras que a Silvana V. se le impuso la pena de treinta meses de prisión, como cómplice. 

CNPE Noticias.-  El expresidente de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, Gabriel Manzur, fue condenado a cinco años de pena privativa de libertad en calidad de autor del delito de enriquecimiento ilícito. Mientras que a Silvana V. se le impuso la pena de treinta meses de prisión, como cómplice.

La decisión -por unanimidad- la adoptó el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia integrado por los jueces Marco Rodríguez (ponente), Mercedes Caicedo y Javier de la Cadena.

El Tribunal ordenó como indemnización, el pago de 1’288.777,24 dólares, que corresponde al duplo del enriquecimiento ilícito probado por el fiscal general subrogante, Wilson Toainga, en la audiencia de juicio. Este valor deberá ser pagado de forma solidaria entre los procesados: Gabriel Manzur tendrá que cancelar 855.483.98 dólares y Silvana V., 433.293,96 dólares.

De esa cantidad, 644.388,62 dólares serán depositados en las arcas del Estado y el resto en las cuentas del Consejo de la Judicatura. Además, la sentencia se publicará en tres diarios de circulación nacional.

Los jueces también ratificaron las medidas cautelares de carácter real y el comiso de las acciones y demás derechos de la procesada Silvana V.

Las medidas cautelares reales  son aquellas que tienen como finalidad el aseguramiento de los bienes del procesado para garantizar el cumplimiento económico resultante del proceso.

En su sentencia, el Tribunal exhortó al Gobierno de Panamá para la incautación, comiso y repatriación de montos que se encuentran en una empresa que fue observada.

A inicios de mes, el fiscal Toainga solicitó al Tribunal la condena para los dos procesados ante un incremento patrimonial no justificado de 682.340,62 dólares.

Para Toainga, Manzur con la ayuda de Silvana V. precanceló deudas hipotecarias de bienes inmuebles, extinguió obligaciones financieras y adquirió vehículos, por medio de transferencias, cheques y supuestas donaciones sin sustento legal y sin ninguna lógica financiera.

El delito se habría configurado entre 2010 y 2019 y habría sido detectado por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).

El caso se origina por una denuncia que presentó Iván Granda, el 7 de junio de 2019, cuando era secretario Anticorrupción.

POR VERÓNICA GALARZA