El informe detalla que Guillermo Lasso sea llamado a juicio por incurrir en las causales 1 y 2 del artículo 129 de la Constitución, referente a delitos contra la seguridad del Estado y la administración pública. Ahora, le corresponde al Pleno Legislativo conocer y aprobar dicho informe.

Con seis votos a favor y uno en contra, la Comisión Ocasional que investiga el caso El Gran Padrino aprobó el informe que recomienda el juicio político contra el Presidente Guillermo Lasso, acusado de incurrir en delitos contra la seguridad del Estado y la administración pública.

Una vez concluida la lectura del informe, luego de más de cuatro horas, se abrió el debate entre los comisionados. Pedro Zapata, asambleísta del Partido Social Cristiano (PSC) y parte de la Comisión, mencionó que el informe es claro y contundente, pero solicitó que se elimine la referencia sobre el posible delito de traición a la Patria.

Su moción fue aprobada con cinco votos a favor y dos abstenciones, por lo que se retiró esta figura del documento.

En el informe final también se incluye una conclusión más, referente al financiamiento de la campaña electoral de Guillermo Lasso de 2021.

Con seis votos a favor y una abstención, la Comisión aprobó la moción de Mireya Pazmiño (independiente), para que se incorpore que en el plazo máximo de 10 días, contados desde la notificación del informe y resolución de aprobación, el Consejo Nacional Electoral presente a la Asamblea Nacional el informe aprobado de la dirección de fiscalización y control de gasto electoral. En él deben constar los gastos, aportes y análisis de la campaña del binomio presidencial  Guillermo Lasso – Alfredo Borrero y del movimiento CREO, que auspició su candidatura.

Pazmiño pidió que se incluya la respuesta de Leandro Cortázar al medio digital La Historia, en la que señala que sí habría un financiamiento irregular en la campaña, de más de un millón de dólares por para de él y Rubén Cherres. “Quiero que sepa que se ha realizado las gestiones necesarias para colaborar ante fiscalía y decir la verdad reconociendo mis errores y haciéndome responsable ante la Ley”, escribió Cortázar.

La legisladora explicó que en caso de los aportes ilícitos, la persona responsable del manejo económico de la campaña electoral y la persona aportante sufrirán la suspensión de sus derechos políticos o de participación de 2 a 4 años.

Además, dijo que la Ley establece que al candidato electo, se le multará con el doble del aporte ilícito, perderá el cargo para el cual fue electo si se comprueba que recibió dolosamente contribuciones ilícitas, sean entregadas al candidato, al jefe de campaña o su responsable económico.

Con estas modificaciones, y otras de forma, la Comisión aprobó por unanimidad, incluido el voto de Gruber Zambrano -asambleísta de Gobierno-, el informe final. Legisladores de la bancada de Gobierno le hicieron notar de su error y, al percatarse , Zambrano vociferó que hubo una mala conducción de la sesión y rectificó su voto.

Finalmente, el informe fue aprobado con seis votos a favor y uno en contra. El presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, lo deberá poner en conocimiento del Pleno Legislativo. La sesión podría convocarse para el lunes 6 o martes 7 de marzo.

Sesión de la Comisión

A las 08h30 se instaló la sesión de la Comisión Ocasional. El único punto del orden del día era conocer y aprobar el informe borrador sobre los hallazgos acerca de la supuesta trama de corrupción en las empresas públicas y los vínculos de la mafia albanesa.

El documento señala la responsabilidad del Primer Mandatario dentro del denominado caso El Gran Padrino. Entre sus conclusiones, se establece la falta de acciones para impedir el cometimiento de delitos como cohecho, peculado y concusión.

El caso

El Parlamento ecuatoriano abrió esta investigación por la investigación del medio digital La Posta. En un inicio, relacionado únicamente a la trama de corrupción en las empresas públicas, a través de «operadores» en CNEL, CELEC, FLOPEC y Petroecuador.

Rubén Cherres estaría detrás de este esquema, con el apoyo de Danilo Carrera, cuñado del Presidente.

El caso se amplió a una investigación que realizó la Unidad Antinarcóticos de la Policía Nacional, que develaría supuestos vínculos de Cherres con la mafia albanesa.

El Gobierno ha negado todo tipo de vinculaciones con Cherres y el Presidente, incluso, salió en defensa de su cuñado en cadena nacional.